El crédito al servicio de la producción y de la redistribución.

* Por Edgardo Form

Hubo un tiempo en que la imagen popular de un banquero se simbolizaba mediante la figura de un señor gordo, con traje y chaleco, corbata a tono y una cadena de oro que le cruzaba la panza. Era la expresión grafica de un personaje acaudalado, cuya función en la vida era captar los ahorros populares y asignarlos a través de los préstamos, a las empresas o personas que acreditaran solvencia y capacidad de pago. O sea, la intermediación entre la oferta y la demanda del dinero.
La posibilidad de administrar esos recursos financieros otorgaba- y sigue otorgando- un extraordinario poder: el dinero se puede destinar en beneficio de unos pocos o al servicio de todos. El sistema financiero puede funcionar movido por los dedos invisibles del mercado, facilitando la concentración de la economía y generando burbujas especulativas que estallan y provocan crisis fenomenales. Pero las finanzas también puede hacer crecer la producción de bienes y servicios, generar empleo decente, multiplicar las riquezas y contribuir a distribuirlas con ciertos criterios equitativos. Los recursos financieros, por lo tanto, pueden servir como la palanca indispensable para impulsar el crecimiento con inclusión.
Con esta finalidad, el diputado cooperativista Carlos Heller, junto con el bloque del Nuevo Encuentro Popular y Solidario, ha presentado un proyecto de Ley de Servicios Financieros en la Cámara de Dip. De la Nación. Se trata de una iniciativa que recoge la tradición del movimiento cooperativo de crédito liderado por el IMFC, que a lo largo de más de medio siglo ha impulsado la construcción de entidades financieras solidarias, bajo la consigna “el dinero de los argentinos en manos argentinas”.
Recordemos que entre 1958 y comienzos de 1966 se crearon cerca de 1000 cajas de crédito cooperativas, integradas por pequeños y medianos empresarios, cuentapropistas, profesionales y trabajadores, quienes a través de la ayuda mutua y el esfuerzo propio administraron sus ahorros, asignaron créditos para sus necesidades especificas y los hicieron extensivos a la comunidad, para el fomento de las economías regionales, la inversión en obras publicas comunales y otros emprendimientos destinados a fortalecer el mercado interno y mejor calidad de vida de la población.
Esta experiencia solidaria en el manejo democrático de las finanzas demostró que no era necesaria la figura del señor con la cadena de oro sobre la panza. Quedo en claro que una buena administración de los recursos financieros requería solvencia técnica, vocación de servicio, transparencia, regulaciones adecuadas y la participación de los asociados -es decir los usuarios del sistema- para que las entidades crediticias funcionaran en concordancia con el objeto para el cual fueron creadas.
Precisamente, los dos ejes fundamentales del proyecto definen, por un lado, que la actividad financiera es un servicio público orientado a satisfacer las necesidades de ahorro y crédito de todos los habitantes de la Nación, y contribuir a su desarrollo económico y social, por el otro, el proyecto esta concebido a partir de las necesidades de los usuarios. Esto es, orientar el crédito hacia las micro, pequeñas y medianas empresas, regular las tasas de interés activas y establecer “servicios esenciales” dirigidos a los sectores de menores ingresos. También se propone la creación de la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros en el ámbito del Banco Central, así como la definición de un código de conducta para las entidades. Asimismo y entre otros objetivos, la ley se propone proteger los ahorros colocados en las entidades financieras, en particular a los correspondientes a los pequeños y medianos ahorristas.
Esto que parece tan claro y comprensible, bueno para el país y su gente, ha despertado la preocupación de los sectores que a lo largo de los últimos 30 años se han beneficiado con la ley de Entidades Financieras de Videla y Martínez de Hoz. Por eso resulta indispensable contar con el mas amplio apoyo de las cámaras empresarias, las cooperativas de todas las ramas, los concejos deliberantes las personalidades del ámbito académico, de la cultura y la ciudadanía en general, para lograr que este proyecto de ley pensado para una Argentina prospera y solidaria, se discuta y se apruebe en el Congreso de la Nación.

*Gte. Gral. del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.